Que pasó
La Contraloría General de la República emitió un informe lapidario sobre el proceso de reclutamiento del Censo 2024. El documento confirmó que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contrató a censistas que contaban con antecedentes penales por delitos graves, como robo, y a ciudadanos extranjeros que tenían órdenes de expulsión del país pendientes de ejecución.
La revelación generó una reacción inmediata en el Congreso, donde se cuestionó la falta de filtros de seguridad en un proceso que implica que funcionarios entren a los hogares de millones de chilenos. Como consecuencia directa de este informe, un grupo de parlamentarios impulsó una acusación constitucional contra el exministro de Economía, Nicolás Grau, responsabilizándolo políticamente por la gestión del organismo durante el levantamiento de datos.
El debate
El debate se centra en la vulneración de la confianza pública y la seguridad de las familias. Mientras el oficialismo intenta defender el valor estadístico del proceso, la oposición acusa una negligencia inexcusable que puso en riesgo a la población. La discusión ahora gira en torno a las responsabilidades administrativas y si estas fallas invalidan o empañan los resultados finales de la medición nacional.