Que pasó
En los últimos días, cientos de deudores del CAE denunciaron que sus cuentas bancarias fueron vaciadas por orden de la Tesorería General de la República. La medida busca recuperar fondos de morosos que perciben sueldos superiores a los 3,5 millones de pesos, pero los afectados acusan que los embargos han sido totales, dejándolos sin dinero para necesidades básicas.
Ante la masividad de la medida, la justicia ha tenido que intervenir. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Valparaíso respaldó el actuar de la Tesorería, declarando que estos embargos son legales y forman parte de las facultades del Estado para cobrar créditos impagos. Esto ocurre en un contexto donde incluso el expresidente Gabriel Boric reapareció públicamente para criticar la dureza de la medida adoptada por la actual administración.
El debate
La disputa se divide entre quienes defienden la responsabilidad fiscal y quienes denuncian una persecución desproporcionada. El Gobierno sostiene que es necesario recuperar los recursos públicos de quienes tienen capacidad de pago y no han cumplido. En la vereda opuesta, parlamentarios de oposición presentaron el proyecto de ley ‘Sueldo Protegido’ para poner límites a estas retenciones, argumentando que el Estado no puede privar a una persona de la totalidad de sus ingresos para subsistir.