Que pasó
Tras su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció una ofensiva legislativa para endurecer el control fronterizo. El primer anuncio fue una propuesta para retener a migrantes en situación irregular hasta por 180 días sin una orden judicial, con el fin de asegurar su identificación y posterior salida del país.
Días después, desde el complejo fronterizo Chacalluta, el mandatario concretó el ingreso de un proyecto que permite la retención de personas hasta por 60 días previos a la ejecución de su expulsión administrativa. Estas medidas buscan resolver el problema logístico de las expulsiones fallidas, donde los notificados suelen desaparecer antes de que el Estado logre concretar el vuelo de salida.
El debate
El debate gira en torno a la constitucionalidad de las medidas y el respeto a los derechos humanos. Organizaciones de defensa de migrantes y sectores de oposición advierten que detener a una persona por 180 días sin control de un juez es una medida autoritaria que podría ser revertida por el Tribunal Constitucional. Por otro lado, el Ejecutivo argumenta que la crisis de seguridad y el descontrol en las fronteras exigen herramientas excepcionales, defendiendo la soberanía del Estado para decidir quién permanece en el territorio nacional.