Polémica por norma que blindaría a 33 mil funcionarios públicos.
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El Gobierno propuso cambiar las reglas para dificultar la salida de trabajadores a contrata, exigiendo justificaciones probadas en vez de las habituales “necesidades del servicio”. Según un estudio, esta medida beneficiaría a casi 33 mil personas que ingresaron al Estado durante la actual administración de Gabriel Boric, mayoritariamente en Salud y Educación.
La oposición y parte del oficialismo acusan un intento de “amarre” para dejar instalada a su gente antes del cambio de mando. Para equilibrar, el acuerdo con Hacienda incluye límites a los asesores de gabinete: se restringirá su número al 1% de la dotación y quedarán inhabilitados para tomar otros cargos públicos inmediatamente después de sus funciones.