La justicia avanza contra figuras políticas y judiciales.
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El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra el diputado Joaquín Lavín León. Se le acusa de usar facturas falsas para justificar gastos en el Congreso y así recibir dinero público de forma irregular. Según el SII, el perjuicio fiscal por estos hechos bordea los $10 millones.
Este caso se suma a otros problemas legales de alto perfil. La Fiscalía intenta quitarle la inmunidad al gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura. Mientras, el juez Antonio Ulloa, implicado en el caso Hermosilla, presiona a la Corte Suprema para que decida pronto si será destituido.