El Caso ProCultura y sus coletazos políticos.
La Fundación ProCultura, dirigida por Alberto Larraín, está en el centro de una gran polémica. Se investiga cómo recibió millonarios fondos públicos de distintas entidades del Estado, como gobiernos regionales y ministerios. Esta situación ha destapado sospechas de posible fraude al fisco, asociación ilícita y hasta financiamiento irregular de la política. El caso se complicó aún más cuando se supo que el teléfono de Josefina Huneeus, exesposa de Larraín y expsiquiatra del Presidente Gabriel Boric, fue intervenido. En esas escuchas, se registró una conversación entre ella y el Presidente, lo que generó un escándalo. Los abogados de Huneeus acusan que la intervención fue ilegal y un acto de “espionaje”, ya que, según ellos, no era imputada cuando se ordenó. La Fiscalía, por su parte, defiende la legalidad de la medida, afirmando que Huneeus pasó a ser imputada al sospechar de su participación en los delitos.
Este enredo ha provocado un terremoto político. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se han culpado mutuamente sobre quién tiene mayor responsabilidad en los dineros entregados a ProCultura. La oposición ha aprovechado para citar a Elizalde al Congreso y exigir explicaciones. Además, Verónica Serrano, quien fue jefa de Asentamientos Precarios en el Ministerio de Vivienda y es tía del exasesor presidencial Miguel Crispi, también está siendo investigada por autorizar transferencias a la fundación. El fiscal a cargo de toda esta compleja investigación, Patricio Cooper, también enfrenta cuestionamientos y solicitudes de remoción por su actuar en este y otros casos, lo que añade más tensión al ambiente.