Estudiantes de varios liceos importantes de Santiago se tomaron sus colegios en protesta contra el alcalde de la comuna, Mario Desbordes. Los alumnos afirman que el alcalde se niega a dialogar con ellos sobre los problemas de la educación pública, la cual, según ellos, está abandonada. También acusan que con la protesta, buscan evitar que se implemente la ley Aula Segura, que facilita la expulsión de estudiantes por actos de violencia.
El conflicto escaló cuando una marcha terminó con destrozos en el edificio de la municipalidad. El alcalde Desbordes denunció que los estudiantes repartieron panfletos con su rostro y una pistola, lo que consideró una amenaza. Por esto, los calificó como un grupo minoritario y violento que busca "destruir la educación pública". Finalmente, Carabineros desalojó pacíficamente seis de los liceos que estaban tomados, sin registrar detenidos. Desde el Gobierno, la vocera Camila Vallejo hizo un llamado a resolver el problema a través del diálogo.
Un informe de la Contraloría General de la República destapó que el sistema para registrar el ADN de delincuentes y de evidencia encontrada en crímenes está fallando. Este sistema es clave para conectar casos y encontrar culpables. Sin embargo, el sistema de registro de ADN para investigaciones criminales presenta graves fallas y demoras de hasta 13 años. El problema principal está en el Servicio Médico Legal (SML) y Gendarmería, que se demoran una enormidad en tomar las muestras de ADN y subirlas a la base de datos.
La investigación también reveló que la policía genera miles de perfiles genéticos, pero el 85% de ellos nunca llega a la base de datos central porque los fiscales no lo piden explícitamente. A esto se suma que hay otras 25.000 muestras de ADN guardadas sin poder ser usadas por falta de información. Para peor, el software que usa el sistema, donado por el FBI, no se actualiza desde 2009. Todo esto impide que se puedan cruzar datos genéticos entre distintos casos, dificultando la resolución de crímenes.
La Policía de Investigaciones detuvo a un grupo de venezolanos que realizaba secuestros en la Región Metropolitana. Lo más impactante del caso es que uno de ellos, Ansoni Morales, es un exmiembro de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Su trabajo anterior era justamente en el comando antisecuestros de esa institución. Un ex miembro de la unidad antisecuestros de Venezuela fue detenido por cometer secuestros en Chile. Ahora, utilizaba su conocimiento sobre técnicas de investigación para ayudar a la banda criminal a planificar los delitos y evitar ser descubiertos.
Esta organización es una facción del Tren de Aragua. Según la Fiscalía, el autor intelectual de estos crímenes es Adrián Gamez Finol, conocido como "El Turko", un líder de esa banda que actualmente está detenido en Estados Unidos. Este mismo individuo también está vinculado a la investigación por el secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda. Todos los nuevos detenidos, que ingresaron al país de forma irregular, quedaron en prisión preventiva mientras avanza el caso.
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António Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, se lanzó contra la comunidad internacional por su pasividad frente a la crisis en la Franja de Gaza. En un discurso para Amnistía Internacional, declaró que la situación ha pasado de ser una crisis humanitaria a una "crisis moral". El jefe de la ONU criticó duramente la indiferencia mundial ante el sufrimiento en Gaza, mencionando que hay niños que dicen preferir el cielo porque allí al menos tendrían comida. Guterres exige un alto al fuego inmediato y la liberación de los rehenes para que la ayuda pueda entrar sin restricciones.
Mientras tanto, la tensión diplomática aumenta. La reciente decisión de Francia de reconocer a Palestina como un Estado independiente provocó una dura respuesta de Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la medida como una "recompensa al terror". Netanyahu argumenta que un Estado palestino sería una amenaza para la existencia de Israel, y teme que se convierta en un aliado de Irán. Según él, los palestinos no buscan vivir al lado de Israel, sino en lugar de Israel.
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El Servicio Electoral (Servel), el organismo que regula a los partidos políticos, inició un proceso sancionatorio contra el Partido Nacional Libertario. Esto ocurre por las declaraciones de su presidente, Johannes Kaiser, y del diputado del partido, Cristián Labbé. Kaiser afirmó en una entrevista que apoyaría sin dudar un nuevo golpe de Estado como el de 1973. Por su parte, Labbé declaró que "si es necesario sacar al comunismo de nuevo, hay que hacerlo".
Estas declaraciones llevaron a que otros diputados los denunciaran ante el Servel. La razón es que la ley obliga a todos los partidos políticos a fortalecer la democracia y respetar los derechos humanos. Por lo tanto, hacer un llamado a un golpe de Estado o a "sacar" a un sector político por la fuerza va en contra de estas reglas básicas. El proceso que acaba de comenzar podría terminar con distintas sanciones, desde una simple amonestación hasta la disolución del Partido Nacional Libertario, lo que significaría su fin.
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El delantero Eduardo Vargas sorprendió al fichar por Audax Italiano, cuando todos lo esperaban de vuelta en Universidad de Chile. Aunque el dinero fue un factor, ya que la U le ofreció un sueldo considerado bajo y Audax uno mucho mayor, la verdadera polémica es otra. Según Rodrigo Goldberg, exgerente deportivo del club azul, el agente del jugador, Fernando Felicevich, habría boicoteado la negociación como una muestra de poder. Aparentemente, Felicevich se molestó con la U por un conflicto con otro jugador que representa y, como castigo, decidió mover a Vargas a otro club para demostrar su influencia.
El propio Vargas alimentó las sospechas al decir públicamente que "pasaron cosas" que impidieron su regreso a Universidad de Chile, pero sin dar detalles. Mientras tanto, el club se defiende diciendo que al jugador no le gustaron las estrictas cláusulas de su contrato, como metas de rendimiento. Al final, el fichaje frustrado no solo dejó a los hinchas decepcionados, sino que también destapó una dura lucha de poder en el fútbol chileno entre los clubes y los representantes de futbolistas.
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La muerte de una adulta mayor en Macul sacó a la luz una situación más grave. Cuando Carabineros llegó a la casa por el fallecimiento, descubrió que en realidad era un hogar de ancianos que operaba de forma ilegal. Dentro del lugar había otros ocho adultos mayores que estaban al cuidado de una sola mujer. El recinto no tenía ningún permiso sanitario ni municipal para funcionar.
Ahora se está investigando si la muerte de la mujer fue consecuencia de un delito o si ocurrió por las enfermedades que ya tenía. Mientras tanto, el municipio se hizo cargo de los otros residentes para asegurar su bienestar. Este caso dejó en evidencia el peligro que corren las personas en establecimientos que operan sin ninguna supervisión ni fiscalización por parte de las autoridades.
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Consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI presentaron una solicitud formal para destituir al gobernador de Santiago, Claudio Orrego. La oposición busca destituirlo acusándolo de usar fondos públicos para su reelección. Sus argumentos se basan en informes de la Contraloría. Estos documentos señalan irregularidades como el pago de asesorías de coaching con fines de campaña y la promoción excesiva de su imagen en comunicaciones oficiales del gobierno.
Por su parte, el gobernador Orrego calificó la medida como un "aprovechamiento político". Aseguró que es un intento por sacarlo del cargo sin haberle ganado en una votación. Orrego afirmó que no lo van a intimidar y que se defenderá legalmente, desafiando a sus oponentes con la frase: "si quieren el cargo de gobernador, que lo ganen en las urnas". El caso ahora está en manos del Tribunal Calificador de Elecciones, que deberá decidir si la acusación procede.
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Los principales gremios empresariales del país, liderados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), están en un fuerte conflicto con la Dirección del Trabajo (DT). Según los empresarios, la DT cambió una regla clave para las negociaciones colectivas, lo que consideran ilegal. Antes, para iniciar una negociación, se debían definir los "servicios mínimos", que son las tareas esenciales que deben seguir funcionando durante una huelga para evitar accidentes o proteger la empresa. Ahora, una nueva interpretación de la DT permite empezar a negociar sin tenerlos definidos.
Los empresarios afirman que este cambio altera el equilibrio de poder, dándole una ventaja a los sindicatos y generando incertidumbre legal. Sostienen que la DT está actuando como si pudiera crear leyes, una función que le corresponde solo al Congreso. Por su parte, el director de la DT, Pablo Zenteno, defiende la medida. Asegura que actúa dentro de sus facultades para proteger y fortalecer la libertad sindical, tal como lo exigen las leyes chilenas y los acuerdos internacionales. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) lo apoya, acusando a los empresarios de querer mantener un modelo laboral autoritario.
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En la comuna de San Miguel se ha generado un debate político por el nombre de una calle. El año pasado, para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la Avenida Salesianos fue renombrada como Avenida Salvador Allende en honor al expresidente. Esta decisión fue tomada por la administración anterior, del Frente Amplio, sin realizar una consulta a los vecinos. Ahora, la nueva alcaldesa de San Miguel, Carol Bown (UDI), quiere devolverle su nombre original a la avenida Salvador Allende.
La alcaldesa Bown argumenta que su propuesta es más democrática, ya que está realizando una consulta ciudadana para decidir. Por otro lado, la oposición, incluyendo a figuras del Partido Comunista y el Frente Amplio, la acusan de querer borrar la memoria histórica por motivos ideológicos. Insisten en que el nombre de Allende es un homenaje que no debería someterse a votación y que, además, unifica el nombre de la avenida con el que ya tiene en las comunas vecinas.