La Contraloría General de la República, que es la entidad encargada de fiscalizar el uso de los dineros públicos, detectó una situación irregular. Resulta que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024. Esto involucra más de 35.000 licencias que podrían ser fraudulentas, ya que el reposo médico es para recuperarse, no para irse de vacaciones. Imagínate, algunos hicieron múltiples viajes. Las instituciones con más casos son la JUNJI y Fundación Integra, ambas relacionadas con la educación de niños pequeños.
El Gobierno, a través del Ministro del Interior Álvaro Elizalde, calificó esto como un abuso grave. Dijo que estas prácticas le cuestan plata a todos los chilenos que sí cumplen. Por eso, se van a pedir informes, se iniciarán sumarios y se enviarán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Este organismo verá si hay delitos y si se puede recuperar el dinero. El Ministro también mencionó que ya se están tomando medidas contra quienes emiten licencias falsas de forma masiva, porque este es un problema que no es nuevo.
Ahora en Chile, los vapeadores y sus accesorios tendrán advertencias sanitarias en sus envases, igual que los cigarrillos. Esto es parte de una nueva ley que busca tratar a estos dispositivos de manera similar al tabaco. Por ejemplo, dirán que "los sistemas electrónicos de administración de nicotina son potencialmente adictivos" y que su venta es "exclusiva para mayores de 18 años". Además, la ley prohíbe venderlos a menores de 18 años, cerca de colegios y usarlos en lugares donde ya no se puede fumar.
El objetivo de estas medidas es proteger la salud, especialmente de los más jóvenes. La ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, explicó que aunque los vapeadores no tengan tabaco, son altamente nocivos para la salud y es común que la gente los use junto con cigarros o que empiecen con vapes y luego pasen al tabaco. De hecho, la directora de Senda, Natalia Riffo, señaló que un 8,6% de los estudiantes usa vapeadores. Se espera que estas nuevas reglas ayuden a disminuir su consumo, tal como ocurrió con los cigarros cuando se aplicaron regulaciones más estrictas en el pasado.
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Un conserje de 70 años, llamado Guillermo Oyarzún, fue brutalmente golpeado por un residente de 34 años, identificado como Martín de Los Santos Lehmann, en un edificio de Vitacura. El ataque ocurrió la madrugada del sábado pasado. A causa de los golpes, el trabajador quedó con múltiples fracturas y podría perder permanentemente la visión de su ojo derecho. Actualmente, se encuentra hospitalizado. El agresor intentó huir, pero fue detenido. Sin embargo, la justicia decidió dejarlo en libertad con la obligación de firmar mensualmente y la prohibición de salir del país mientras dura la investigación de 100 días.
La familia del conserje afirma que la agresión se desató porque De Los Santos le pidió un cigarro y el trabajador no tenía, lo que habría provocado la furia del residente. El hijo de la víctima también mencionó que el agresor estaba bajo los efectos del alcohol y drogas, y que esa misma noche habría atacado a otras personas, incluyendo un carabinero. Por su parte, De Los Santos, quien según informes tiene un violento historial, declaró que no recordaba nada y que fue una riña. Además, utilizó sus redes sociales para denunciar que él fue víctima de una golpiza al día siguiente del incidente. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, lamentó el hecho y ofreció apoyo legal y psicológico al conserje.
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Se aprobó una nueva ley que busca ayudar a la gente a comprar su primera vivienda nueva. Si estás pensando en eso, esta te podría interesar. El gobierno ayudará a pagar una parte de los intereses de los créditos hipotecarios para estas compras. Esto aplica a casas o departamentos nuevos que cuesten hasta 4.000 UF, que son más o menos 156 millones de pesos. Se espera que unas 50.000 personas puedan recibir esta ayuda.
La idea detrás de esta ley es doble. Por un lado, que más chilenos, especialmente de clase media, puedan cumplir el sueño de la casa propia. Por otro, darle un empujón al sector de la construcción. Resulta que hay muchas viviendas nuevas sin vender, y con esta medida se espera que se vendan más rápido. Si eso ocurre, las empresas inmobiliarias podrían empezar a construir nuevos proyectos, lo que significaría más trabajo y un impulso para la economía del país.
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El presidente de Argentina, Javier Milei, decidió cerrar la unidad especial que investigaba el caso de la criptomoneda $LIBRA. Esta criptomoneda se desplomó después de que el mismo Milei la promocionara en sus redes sociales, lo que hizo que miles de inversores perdieran su dinero debido a su posterior caída de valor. Según el gobierno, la unidad ya cumplió con su trabajo y envió toda la información a la fiscalía.
Sin embargo, esta decisión generó críticas. Políticos de la oposición piensan que esta unidad de investigación fue solo una pantalla y que en realidad nunca se indagó profundamente. Ellos sugieren que el cierre busca ocultar una posible estafa en la que el presidente y gente de su círculo podrían estar involucrados. A pesar del cierre de esta unidad, la justicia argentina y el parlamento siguen adelante con otras investigaciones para aclarar lo que ocurrió con $LIBRA y el papel que jugó el presidente.
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Gonzalo Durán, el delegado presidencial de la Región Metropolitana (algo así como el representante del Presidente en Santiago), no fue destituido de su cargo. Un grupo de políticos de la oposición intentó sacarlo mediante una "acusación constitucional". Lo culpaban por su manejo de la seguridad durante un partido de fútbol en el Estadio Monumental. En ese evento, hubo graves desórdenes y dos jóvenes murieron fuera del recinto deportivo.
La votación en la Cámara de Diputadas y Diputados para decidir si seguía o no, terminó en un empate. Sin embargo, hubo 14 parlamentarios que se abstuvieron, es decir, no votaron ni a favor ni en contra. Estas abstenciones fueron clave para que Durán se salvara, ya que se necesitaban más votos para aprobar la acusación. La mayoría de los que se abstuvieron fueron de los partidos Democracia Cristiana y Demócratas. Ellos explicaron que, aunque pudo haber errores en cómo se manejó la situación, consideraron que no eran faltas suficientemente graves a la Constitución como para destituirlo. El gobierno y Durán se mostraron satisfechos con el resultado.
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En Cartagena, en la región de Valparaíso, una mujer de 33 años fue asesinada por su pareja, un hombre de 35 años. Él le disparó en la cabeza a la mujer, causándole la muerte en el lugar. Inmediatamente después, el hombre se disparó a sí mismo. Aunque lo llevaron grave al hospital, también falleció horas más tarde.
La policía, específicamente la Brigada de Homicidios, está investigando lo sucedido. Las primeras indagaciones y las pruebas recolectadas en el sitio del suceso indican que esa fue la secuencia de los hechos. Este tipo de crimen, donde un hombre asesina a una mujer con la que tiene o tuvo una relación, es lo que se conoce como femicidio. La víctima era madre de dos hijos y esta situación ha conmocionado a la comunidad local.
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Hoy en la mañana, un fuerte olor a gas se sintió en varias partes del centro de Santiago. Esto causó preocupación y que se tuvieran que evacuar varios edificios para prevenir problemas. Incluso en La Moneda, que es el palacio de gobierno, se realizó una evacuación preventiva. Carabineros y Bomberos llegaron rápido a los lugares afectados para investigar qué estaba pasando y de dónde venía el olor.
Más tarde, el Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, junto con representantes de Bomberos, dieron una explicación. Aunque el olor era molesto, aseguraron que las mediciones indicaron que no se trataba de una situación peligrosa y que los niveles de gases no eran anormales. Lo importante es que aún no se sabe exactamente de dónde vino este olor. Las autoridades pidieron a la gente mantener la calma, ventilar bien los espacios cerrados y dijeron que el olor debería irse en unas horas. A pesar de las evacuaciones iniciales, aclararon que no hay una orden general de evacuar porque la situación no es crítica.
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La empresa estatal Codelco se asoció con Rio Tinto, una de las compañías mineras más grandes del mundo. Juntos van a desarrollar un proyecto para extraer litio en el Salar de Maricunga, ubicado en el norte de nuestro país. En este acuerdo, Codelco mantendrá el control mayoritario de la nueva sociedad con un 50,01%, mientras que Rio Tinto tendrá el 49,99% y aportará hasta 900 millones de dólares para el proyecto. Esta movida es parte de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno, que busca que Chile aproveche sus reservas de este mineral.
Rio Tinto, que ya tiene otras inversiones en Chile, está buscando fuertemente aumentar su presencia en el mercado del litio a nivel global, con el objetivo de convertirse en uno de los principales productores. El litio es clave para la transición energética, ya que se usa en la fabricación de baterías para autos eléctricos y almacenamiento de energía. Se espera que este acuerdo entre Codelco y Rio Tinto se cierre completamente a principios de 2026.
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Anoche hubo una fuerte explosión en Providencia. Afectó a un edificio comercial en la avenida Pedro de Valdivia, donde está el laboratorio Abbott. Nadie resultó herido, pero sí hubo daños en los vidrios y la estructura. Por esto, dos colegios cercanos al lugar, el Instituto de Humanidades Luis Campino y el Colegio Alemán Tomás Moro, tuvieron que suspender sus clases.
Las autoridades están investigando y ya tienen algunas pistas. Un video de seguridad mostró a una persona, vestida como repartidor de comida en bicicleta, dejando el paquete que explotó. El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, calificó el hecho como un acto terrorista. El gobierno, a través del ministro de Seguridad Luis Cordero, también considera que esto podría ser terrorismo y evalúa presentar una denuncia formal. Se sospecha que el ataque está conectado con grupos anarquistas y el llamado "mayo negro", un periodo que estos grupos usan para conmemorar la muerte de un anarquista en 2009, a veces con acciones violentas. El fiscal a cargo, Claudio Orellana, confirmó que es muy probable que se haya usado un artefacto explosivo y ya tendrían identificado al sospechoso.
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El Reino Unido ha decidido frenar las conversaciones con Israel sobre un nuevo acuerdo para comerciar más fácilmente. Esta decisión la anunció David Lammy, el Ministro de Relaciones Exteriores británico. El motivo es la dura ofensiva militar de Israel en Gaza. También influye la violencia de algunos israelíes, conocidos como colonos, en un territorio palestino llamado Cisjordania. El Reino Unido no solo paró el acuerdo, sino que también llamó a la embajadora de Israel en Londres para mostrar su molestia. Lammy dijo que lo que hace Israel es "indefendible" y debe parar.
Además, el gobierno británico impuso castigos económicos y restricciones de viaje a personas y grupos israelíes. Se les acusa de fomentar la violencia en Cisjordania entre las comunidades palestinas. Entre los sancionados está Daniella Weiss, una líder importante del movimiento de colonos. Israel, por su parte, respondió que estas presiones no los harán cambiar su camino para defenderse. Aunque el Reino Unido antes apoyó a Israel tras el ataque del grupo Hamás en octubre, ahora ve la respuesta israelí como "desproporcionada". Critican especialmente el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, calificándolo de "cruel".
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La desaforada diputada Catalina Pérez continuará con arresto domiciliario total. Esta medida se debe a su presunta implicación en el caso 'Democracia Viva', donde se le investiga por tres delitos de fraude al fisco, lo que significa defraudar al Estado con dineros públicos. La Fiscalía, que es la institución encargada de investigar los delitos, había solicitado que Pérez fuera enviada a prisión preventiva, es decir, a la cárcel mientras dura la investigación. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó esta petición. Al mismo tiempo, los abogados de Pérez intentaron que se rebajara la medida de arresto domiciliario, pero la Corte tampoco accedió, señalando que los hechos investigados son graves y representan un peligro para la sociedad, aunque consideraron que el arresto en su casa es suficiente por el momento.
Los abogados de Catalina Pérez indicaron que se enfocarán en demostrar su inocencia durante la investigación. Argumentan que no existen pruebas directas que vinculen a la diputada con los delitos de los convenios, que sumaron 420 millones de pesos con la Fundación Democracia Viva. Según su defensa, Pérez tenía conocimiento general de los convenios, pero no de los detalles específicos de cómo se gestionaron. Este caso es una de las aristas más conocidas del llamado 'Caso Convenios', donde se investigan múltiples traspasos de fondos desde el Estado a diversas fundaciones.