La fundación ProCultura está en el ojo del huracán por una investigación que involucra al Presidente Gabriel Boric. Se está averiguando si dinero de esta organización, que recibía fondos del Estado, se desvió para financiar de forma irregular la campaña presidencial de Boric. El fiscal a cargo de la investigación, Patricio Cooper, sospecha que esto ocurrió. Su argumento se basa en que los convenios de ProCultura con el Estado aumentaron muchísimo desde que Boric es presidente. Además, existe una conversación donde el fundador de ProCultura, Alberto Larraín, quien es cercano al Presidente, supuestamente dijo que "gasté esta plata en la campaña del Boric".
A pesar de estas sospechas, el tribunal no ha autorizado intervenir el teléfono del Presidente Boric. El tribunal argumenta que no hay pruebas suficientes que lo vinculen directamente con algún delito ni que supiera de un posible mal uso de los fondos. Lo que sí se supo es de una llamada entre el Presidente y Josefina Huneeus. Ella es la exesposa de Alberto Larraín y también fue psiquiatra de Boric. El teléfono de ella sí estaba intervenido. En esa conversación, Boric defendió a Larraín, diciendo que "jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota". También se mostró preocupado por la situación de su expareja, Irina Karamanos, quien trabajó en ProCultura, e intentó coordinar una defensa para ella.
Sergio Muñoz, el que era el jefe máximo de la Policía de Investigaciones (PDI), fue condenado a tres años y un día de cárcel, pero no irá a prisión. Cumplirá su pena en libertad vigilada intensiva. Esto significa que estará supervisado pero no encerrado. Además, tendrá que pagar una multa de unos 823 mil pesos y no podrá ejercer cargos públicos mientras dure su condena. Muñoz admitió ser culpable de filtrar información secreta de manera repetida al abogado Luis Hermosilla, renunciando a un juicio oral para llegar a un acuerdo.
Esta filtración de información está conectada con el llamado "Caso Audios", un escándalo que involucra a Hermosilla y que destapó posibles delitos de corrupción, como sobornos e influencias indebidas, a través de audios que se hicieron públicos. Muñoz filtró datos de investigaciones importantes, incluyendo una contra su predecesor en la PDI, Héctor Espinosa, y otros casos como Dominga, Enjoy y los de los exalcaldes Raúl Torrealba y Felipe Guevara. Según su abogado, Muñoz se equivocó pensando que esto le ayudaría a gestionar mejor la PDI y servir al país, pero ahora reconoce que cometió un error fatal. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, considera esta condena un paso importante para avanzar en el cierre del "Caso Audios".
Televisión Nacional de Chile, conocido como TVN, está enfrentando una crisis económica muy seria. El directorio del canal, que es el grupo de personas encargado de administrarlo, declaró que la situación financiera es "inviable". Esto quiere decir que, con el modelo actual, el canal no puede seguir operando de forma sostenible porque no genera suficiente dinero. También anunciaron que no seguirán endeudando a TVN para cubrir los gastos diarios, ya que consideran que eso no sería responsable.
El directorio explica que el modelo actual de televisión pública ya no funciona como antes. Los grandes cambios en la tecnología y en cómo la gente consume contenidos han golpeado fuerte a la televisión abierta. Además, la competencia por los ingresos de publicidad, que es una fuente clave de financiamiento para los canales, es mucho mayor y estos ingresos han disminuido a menos de la mitad en las últimas dos décadas. Como resultado, TVN registró pérdidas millonarias el año pasado, las peores en casi diez años. Por todo esto, el directorio le pide a las autoridades que tomen cartas en el asunto y busquen soluciones de fondo.
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La Fiscalía Nacional Económica (FNE), que es la entidad que se encarga de que las empresas compitan de manera justa acá en Chile, presentó una demanda contra Google. La acusan de abusar de su posición dominante con su sistema operativo Android. Según la FNE, Google ha estado poniendo restricciones desde al menos 2019. Estas restricciones afectarían la forma en que se distribuyen las aplicaciones y cómo se venden productos digitales dentro de ellas en los teléfonos Android. Con esta acción, Chile se suma a otros países que también han cuestionado las prácticas de la gigante tecnológica.
La investigación de la Fiscalía, que comenzó en 2022 por la denuncia de un particular, concluyó que Google tiene un control enorme del mercado en Chile. Se estima que maneja el 95% de la distribución de aplicaciones y más del 99% de los pagos que se hacen dentro de esas aplicaciones en el sistema Android. Por todo esto, la FNE le está pidiendo al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que multe a Google con casi 89 millones de dólares. Además, buscan que el tribunal obligue a Google a cambiar sus reglas para permitir una competencia más abierta y justa.
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El empresario Daniel Sauer tendrá que volver a prisión preventiva. Él está involucrado en el llamado Caso Audio y Factop. Sauer había salido de la cárcel hace muy poco, el 30 de abril, después de estar unas semanas detenido. Sin embargo, la Fiscalía, que es la que acusa, no estuvo de acuerdo con su liberación y apeló la decisión. Ahora, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió que debe regresar a prisión mientras sigue la investigación.
En el mismo caso está Leonarda Villalobos. Ella también estuvo en prisión preventiva, pero la cambiaron a arresto domiciliario, es decir, debe quedarse en su casa, y no puede salir del país. La Corte mantuvo esta medida para ella. Según la Corte, hay pruebas suficientes para creer que tanto Sauer como Villalobos cometieron delitos y participaron en los hechos que se investigan. Villalobos, por su parte, ha dicho que colaboró con la investigación y reconoció haber sobornado a algunos funcionarios públicos de bajo rango.
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El gobierno enfrenta un problema por la tramitación de la Ley de Pesca. El subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó cifras incorrectas a una comisión del Congreso que está discutiendo esta ley. Los datos eran sobre la captura de merluza del sector industrial el año pasado. Salas dijo que pescaron solo el 61% de su cuota, pero la cifra real era mucho mayor, un 93%. Basándose en esta información errónea, la comisión votó para reducir la cuota de pesca de merluza para el sector industrial y aumentar la del artesanal.
Como consecuencia, una importante empresa pesquera, PacificBlu, anunció que cerrará sus operaciones, lo que pondría en riesgo unos 2.400 empleos. El ministro de Economía, Nicolás Grau, quien es el superior de Salas, admitió el error en los datos. Sugirió que quizás se debería repetir la votación en el Congreso para corregir la situación, aunque aclaró que esa es una decisión de los parlamentarios. A pesar de la gravedad, Grau expresó que el subsecretario Salas sigue contando con su confianza. Mientras tanto, varios parlamentarios, tanto de oposición como algunos del oficialismo, están pidiendo la renuncia de Salas, argumentando que no se puede legislar con información falsa que afecta empleos y la credibilidad.
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La Contraloría, que es la entidad encargada de fiscalizar cómo el Estado usa sus recursos, ha detectado serios problemas en los registros de vacunación contra el COVID-19 de los años 2022 y 2023. Entre lo más preocupante, encontraron que más de 18.000 vacunas aparecen como si se hubieran administrado después de su fecha de vencimiento. En algunos casos, la diferencia entre la caducidad y la vacunación llegaba hasta casi tres años. Además, se registraron 436 vacunas a nombre de personas que ya habían fallecido.
Respecto a las vacunas registradas a personas fallecidas, se cree que algunos fueron errores al ingresar los datos, pero otros casos se usaron para vacunar a ciudadanos extranjeros indocumentados, por lo que no se sabe quiénes recibieron realmente esas dosis. También se descubrieron diferencias en la cantidad de vacunas que las oficinas regionales de salud dicen haber recibido frente a las que finalmente registraron, faltando más de 300.000 dosis en los ingresos. La Contraloría va a iniciar una investigación para determinar las responsabilidades administrativas por estas fallas en el control y registro. La Ministra de Salud, Ximena Aguilera, calificó la situación como grave.
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Desbarataron una red en la Municipalidad de Maipú que vendía licencias de conducir de forma ilegal. Por esto, detuvieron a 12 personas. Entre ellas hay tres funcionarios de la municipalidad y también gente que conseguía los clientes. Fue el alcalde actual, Tomás Vodanovic, quien denunció la situación. Él se dio cuenta de que se podían obtener licencias sin cumplir con los requisitos legales. Esta red cobraba unos $500 mil pesos a chilenos y cerca de $900 mil a extranjeros por estos documentos.
Al parecer, la red llevaba tiempo funcionando. Uno de los detenidos dijo que todo comenzó durante la administración de la exalcaldesa Cathy Barriga. Incluso mencionó a un asesor cercano a ella, Luis Japaz, como parte del inicio de este fraude. La gente compraba estas licencias porque no cumplían los requisitos, especialmente extranjeros que no tenían cómo demostrar su educación básica. Tres funcionarios y los que buscaban clientes quedaron en prisión mientras sigue la investigación.
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El famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny está en problemas legales. Un artista de Nigeria, llamado Dera, lo demandó porque afirma que Bad Bunny usó una parte de su canción "Empty My Pocket" sin permiso. Esta muestra musical supuestamente aparece en "Enséñame a Bailar", una canción del exitoso álbum Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, lanzado en 2022. Según Dera, intentó hablar con el equipo de Bad Bunny para solucionar el problema antes de ir a la corte, pero asegura que no le hicieron caso. Ahora, un tribunal en Los Ángeles decidirá si realmente hubo plagio.
Este problema legal surge en un momento importante para Bad Bunny. Su álbum Un Verano Sin Ti fue un fenómeno mundial, rompiendo récords y manteniéndose en los primeros lugares de las listas de música por mucho tiempo. Además, la noticia de la demanda llega justo cuando el cantante anunció una nueva gira mundial. Esta gira incluye un concierto en Chile programado para febrero de 2026 en el Estadio Nacional.
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Manuel José Ossandón, quien es el presidente del Senado, fue al barrio Meiggs en Santiago. Su objetivo era recorrer la zona para ver de cerca los problemas del comercio ilegal y las necesidades de los comerciantes establecidos. Sin embargo, cuando iba a hablar con la prensa dentro de una galería comercial, algunas personas lo interrumpieron y lo encararon. Le dijeron que no podía grabar en ese lugar porque era privado y necesitaba permiso.
Debido a la tensión, Ossandón y los equipos de prensa tuvieron que retirarse y hacer sus declaraciones en otro sector. Después del incidente, el senador fue duro en sus palabras. Afirmó que en esa parte de Meiggs no se aplica la ley y la comparó con Temucuicui, una localidad en el sur conocida por los conflictos y la dificultad del Estado para ejercer autoridad. Básicamente, dijo que en esa zona de Santiago la policía y las autoridades no pueden aplicar la ley como deberían.
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La cosa está bastante tensa entre India y Pakistán en la región de Cachemira, un territorio que ambos países se disputan desde hace mucho tiempo. Todo se complicó más después de un atentado terrorista el 22 de abril en la zona de Cachemira que administra India. En ese lugar murieron varios turistas, e India inmediatamente acusó a Pakistán de estar detrás del ataque. Desde entonces, los dos países se han estado atacando. Usan drones y artillería, y han caído proyectiles incluso en zonas donde vive gente. Lo más triste es que ya han muerto al menos 82 personas por estos enfrentamientos.
Pakistán niega totalmente tener algo que ver con el atentado y dice que India está usando eso como excusa para atacar. Desde India, en cambio, aseguran tener pruebas de que Pakistán sí apoyó a los terroristas, aunque no las han mostrado públicamente. Un vocero del ejército de Pakistán incluso dijo que su país no va a hacer nada para calmar las cosas y que responderán cuando lo consideren necesario. Esta pelea está afectando tanto la vida de la gente que hasta se han suspendido partidos de críquet, que es un deporte muy popular allá.
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Una encuesta reciente de la consultora Cadem preguntó quién es el mejor actor en la historia de Chile. El resultado fue claro: Héctor Noguera es considerado uno de los actores más reconocidos y respetados del país, liderando la encuesta con un 24% de las preferencias. Otros actores conocidos como Alfredo Castro y Álvaro Rudolphy quedaron más atrás.
Esto no es una sorpresa para muchos. Noguera tiene 87 años y más de seis décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión. Su larga carrera incluye participaciones en producciones muy recordadas. De hecho, en 2015 recibió el importante Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, lo que confirma su gran aporte a la cultura.