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Aníbal Valenzuela, el alcalde electo de Nancagua (Región de O’Higgins), está en la cárcel otra vez. La justicia lo acusa de haber entregado licencias de conducir de forma irregular a jugadores y un directivo del equipo de fútbol Colo Colo. Según la Fiscalía, estas personas no vivían en la comuna y no pasaron los exámenes obligatorios para obtener el documento.
El fiscal a cargo dijo que Valenzuela es un "peligro para la sociedad" por usar su cargo en el Departamento de Tránsito de la municipalidad para cometer estos delitos entre 2021 y 2022. Además, mencionaron que su posición como alcalde podría entorpecer la investigación. El juzgado de Santa Cruz ordenó prisión preventiva, rechazando la fianza de $3 millones que había pagado antes.
Aunque Valenzuela ganó las elecciones de octubre con casi el 50% de los votos, ahora enfrenta cargos graves como cohecho agravado y otorgamiento ilegal de licencias. La justicia insiste en que los hechos son reiterados y ponen en riesgo la seguridad pública, especialmente al dar permisos a personas que no cumplían los requisitos mínimos para manejar.
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Mark Carney, exjefe del Banco de Canadá, asumió como nuevo primer ministro tras la salida de Justin Trudeau, quien llevaba una década en el poder. Su principal desafío es enfrentar las amenazas arancelarias de Donald Trump, que quiere subir impuestos a productos canadienses. Carney prometió no ceder y hasta lo acusó de intentar dividir al país. La pelea ha despertado un patriotismo feroz en Canadá: la gente prefiere comprar local y hasta han abucheado el himno de EE.UU. en partidos.
Chile mira con atención este cambio. Según Juan Carlos García, embajador chileno en Canadá, la relación entre ambos países es estable y no debería afectarse, pese a que el presidente Boric era cercano a Trudeau. Canadá es el principal inversionista extranjero en Chile y ambos tienen un tratado de libre comercio vigente hace años. Lo que pase con las tarifas que imponga Trump a Canadá podría dar pistas de cómo evitar que medidas similares impacten a Chile.
Aunque Carney llegó con fuerza, su futuro depende de las elecciones que podrían adelantarse. Los conservadores, rivales de su partido, están fuertes en las encuestas, pero el choque con Trump ha revitalizado a los liberales. Mientras, Chile sigue de cerca cada movimiento: cómo Canadá negocie con EE.UU. podría ser un modelo o una advertencia para proteger su propia economía.
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Durante el gran corte de luz del 25 de febrero, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) —encargado de gestionar la red energética del país— tomó una decisión inédita: pidió ayuda a Argentina para recuperar el suministro. El problema es que esta medida no estaba en ningún protocolo de emergencia y generó críticas por ignorar las implicancias políticas. Expertos señalan que mostrar dependencia energética frente a un vecino con historial de tensiones comerciales podría debilitar la posición de Chile en futuras negociaciones.
Parlamentarios de distintos sectores acusan al CEN de negligencia y mala gestión. Cuestionan que, pese a su autonomía técnica, el organismo no coordinó con el gobierno una decisión que afecta relaciones internacionales. Incluso hubo llamados a que su presidente, Juan Carlos Olmedo —quien también es teniente de reserva del Ejército—, y otros ejecutivos renuncien por no prevenir la crisis ni asumir responsabilidades.
Analistas coinciden en que el apagón reveló fallas graves en los planes de contingencia. Aunque conectarse con Argentina no es malo en sí mismo, hacerlo sin preparación previa se ve como un “manotazo de ahogado”. La duda que queda es cómo un equipo de expertos bien pagados y con décadas de experiencia permitió que el país quedara tan expuesto.
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Karol Cariola, diputada del Partido Comunista, denunció que la Fiscalía allanó su casa y amenazó con ingresar al hospital donde daba a luz a su primer hijo. El procedimiento ocurrió mientras ella estaba en trabajo de parto, lo que su abogado calificó como violencia obstétrica —prácticas abusivas durante la atención médica de embarazadas—. La diputada está siendo investigada por un caso de tráfico de influencias junto a Irací Hassler, exalcaldesa de Santiago, aunque ella niega los cargos y asegura que colaboró con la justicia.
Tomás de Rementería, diputado del PS y pareja de Cariola, contó que agentes de la PDI llegaron a su casa mientras su hijo de 8 años estaba presente, intentaron requisar el teléfono de su hija de 3 años y presionaron para obtener dispositivos electrónicos de la diputada. Ambos critican que el allanamiento se hiciera en un momento de vulnerabilidad, acusando sesgo político, ya que otros investigados en el mismo caso entregaron sus teléfonos sin medidas similares.
El Gobierno defendió el derecho de Cariola a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque evitó calificar si el procedimiento fue correcto. La diputada anunció acciones legales para proteger su dignidad y evitar que otras mujeres vivan situaciones similares, mientras su abogado busca anular el allanamiento por considerar que violó protocolos internacionales.
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El Presidente Gabriel Boric quiere cumplir una promesa de campaña: legalizar el aborto sin restricciones. Pero el proyecto enfrenta resistencia en el Congreso, donde la oposición alega que no es prioritario en un año marcado por elecciones y crisis económicas. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, explica que primero deben ajustar el reglamento de la ley actual de aborto en tres causales (riesgo de vida, inviabilidad fetal y violación), pendiente de revisión por la Contraloría. Solo después presentarán el nuevo proyecto, incorporando cambios que no se puedan resolver por reglamento.
Mientras el oficialismo insiste en que es un tema de salud pública y derechos históricos de las mujeres, diputadas de oposición como Carla Morales (Renovación Nacional) argumentan que deberían enfocarse en reducir la violencia de género. Otros, como la senadora Paulina Núñez (RN), acusan al Gobierno de usar el tema para captar votos. Expertas como Lucía Miranda, académica de la Universidad Católica Silva Henríquez, creen que la ley difícilmente se aprobará este año, ya que el oficialismo no tiene mayoría y el debate polarizará aún más al Legislativo.
El Gobierno destaca avances como la Ley Antonia (contra el acoso callejero) y la reparación a víctimas de femicidios, pero el aborto legal sigue en el centro de la discusión. Con el tiempo en contra y un Congreso fragmentado, la iniciativa podría quedar estancada, aunque sus partidarios insisten en que es un paso necesario para evitar abortos clandestinos que afectan principalmente a mujeres pobres.
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Un grupo de 23 personas de Colombia fue expulsado de Chile por ser parte de una banda llamada “La empresa”. Esta organización prestaba dinero de forma ilegal, especialmente a pequeños comerciantes, pero con intereses altísimos que superaban lo permitido por la ley. La investigación la hizo la PDI, que en noviembre detuvo a 44 personas: 43 colombianos y 1 chileno.
Aunque casi todos quedaron en prisión preventiva, 23 de ellos lograron cambiar su condena por expulsión del país. Esto fue posible porque no tenían antecedentes ni otras causas pendientes. El fiscal Pablo Avendaño explicó que la ley permite esta opción para ciertos casos. La banda operaba desde 2020 con jefes en Colombia y Chile, y tenían cobradores locales que presionaban a los deudores.
Las expulsiones deben concretarse antes del 28 de marzo. El caso requirió coordinación entre Migraciones, Interior y la PDI. La justicia los consideró un peligro para la sociedad y la investigación, por lo que priorizaron sacarlos del país.
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El presidente francés Emmanuel Macron juntó a los jefes militares de países como España, Alemania y Reino Unido para discutir cómo garantizar la seguridad de Ucrania si llega un acuerdo de paz con Rusia. La idea es que, una vez firmada la paz, tropas europeas puedan monitorear el cumplimiento del pacto sin involucrarse en combates. Aclaró que esto no significa enviar soldados ahora ni comprometer a todos los países por igual.
Mientras esto ocurre en París, el líder ucraniano Volodimir Zelenski busca reforzar el apoyo de Estados Unidos en negociaciones paralelas en Arabia Saudita. España, por su parte, envió a su jefe militar pero advirtió que cualquier decisión sobre tropas será lenta y dependerá del consenso europeo.
El encuentro forma parte de una serie de reuniones donde también participarán autoridades de la OTAN y la Unión Europea. El objetivo es coordinar estrategias de defensa y ayuda a Ucrania, aunque cada país mantiene cautela antes de comprometer recursos humanos. La prioridad es evitar que el conflicto se reactive después de un eventual alto al fuego.